Impuesto de Sociedades

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  • Modelo 036

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  • "Impuesto de Sociedades"


    ¿Qué es?

    El impuesto de sociedades es un impuesto diseñado para gravar la renta de las sociedades y entidades jurídicas en general (salvo algunas excepciones). Con total seguridad podríamos considerar que la gran mayoría de los contribuyentes conocen en mayor o menor medida el Impuesto de la Renta sobre las personas físicas (IRPF), ya que seguramente en algún momento de su vida han recibido algún tipo de ingresos sobre los que han tenido retenciones de IRPF  o sobre los que han tenido que presentar declaración de la renta o al menos el borrador correspondiente. Pues el impuesto de sociedades sería el equivalente al Impuesto de la Renta sobre las personas físicas, pero enfocado a poder gravar los beneficios obtenidos por todos los tipos de sociedades y entidades jurídicas.

    Acerca del Impuesto de Sociedades


    Actualización: 13/05/2014 Existen grandes diferencias entre un impuesto y otro, pero el objetivo y la metodología son muy parecidos.




    Para delimitar, cuales son las entidades que se van a encontrar afectas al Impuesto de Sociedades podemos distinguir entre entidades con personalidad jurídica propia y sin personalidad jurídica propia. Veamos cuales serían:

    Entidades con personalidad jurídica propia

    -Sociedades mercantiles. Aquí se incluyen las sociedades anónimas, las sociedades limitadas (dentro de ellas estarían también incluidas las sociedades nueva empresa, sociedades unipersonales, etc), sociedades laborales, sociedades comanditarias, etc.

    -Sociedades estatales, autonómicas, provinciales y locales.

    -Sociedades cooperativas y sociedades agrarias de transformación

    -Agrupaciones de interés económico y Agrupaciones europeas de interés económico

    -Fundaciones, asociaciones y todo tipo de instituciones, ya sean públicas como privadas.

    -Todos los organismos que puedan considerarse como entes públicos, incluyendo las Administraciones del estado y las de las Comunidades autónomas, las corporaciones locales, los Organismos autónomos, etc.







    Entidades sin personalidad jurídica propia

    -Los fondos de inversión en general, incluyendo los FIM (Fondos de Inversión Mobiliaria), FIAMM (Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario) y los FII (Fondos de Inversión Inmobiliaria)

    -Las UTE (Uniones Temporales de Empresas)

    -Fondos de capital riesgo

    -Fondos de pensiones

    -Fondos de Regulación del Mercado Hipotecario, fondos de titulización hipotecaria, fondos de titulización de activos, fondos de garantía de inversiones

    -Comunidades titulares de montes vecinales en mano común.




    ¿Quiénes están obligados a presentarlo?

    La obligación de pagar impuestos está recogida en el artículo 31 de la Constitución Española, donde se establece que todos los miembros están obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos del estado. Evidentemente está obligación está enfocada tanto a personas físicas como a personas jurídicas, obligación en este último caso, que se plasma en el Impuesto de Sociedades.

    Este impuesto se aplicará en todo el territorio español, englobando por tanto todo el territorio peninsular, el territorio insular (Baleares y Canarias) así como Ceuta y Melilla, por lo que todas las entidades que tengan su residencia en suelo español estarían sujetas al Impuesto de Sociedades.

    Para que pueda considerarse residencia efectiva en territorio nacional es suficiente con que se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

    -Que la entidad se hubiera constituido siguiendo y cumpliendo las normativas legales españolas.

    -Que su domicilio social se encuentre afincado en territorio nacional

    -Que aunque su domicilio social se encuentre en algún otro país que la sede de dirección o gestión efectiva se encuentre en algún lugar del territorio nacional, entendiendo por sede de dirección el lugar donde se efectúen las acciones principales de dirección y control del conjunto de sus negocios o actividades.



    Este último requisito permite, por ejemplo, a los órganos de Administración tributaria considerar como afectas al Impuesto de Sociedades las actividades de entidades con domicilio fiscal en países considerados como “paraísos fiscales”, o simplemente en países de menor tributación, con objeto de esquivar la tributación en España. Se dota por tanto a la Agencia Tributaria de una herramienta para evitar que sociedades afincadas en terceros países, pero cuyos activos principales se encuentren en territorio nacional, o cuya actividad principal sea en territorio español, puedan dejar de pagar impuestos según la legislación española.

    Toda entidad que cumpla cualquiera de los requisitos comentados tendrá la obligación de presentar el Impuesto de Sociedades, independientemente de que la entidad haya tenido o no actividad durante el periodo objeto de declaración. De este modo, una sociedad que estuviera legalmente constituida, pero que no hubiera comenzado sus actividades, o que hubiese cesado (temporal o definitivamente) su actividad estaría obligada a presentar la declaración del Impuesto de Sociedades para dicho ejercicio. Esta obligación cesaría en el momento en que la sociedad fuera disuelta y liquidada ante notario y registrada dicha disolución en el Registro Mercantil de la provincia correspondiente.

    A pesar de esta obligación, existen en España multitud de sociedades que se constituyeron con un fin concreto, pero que cesaron en sus actividades sin liquidar la sociedad (por razones como  ahorrarse el coste de la disolución, la previsión de nueva activación de la sociedad en el futuro, o por tener deudas pendientes de liquidar). Son las comúnmente conocidas como sociedades “zombies”. En muchos de estos casos, los titulares de este tipo de sociedades desconocen su obligación de presentación del Impuesto de Sociedades, lo que suele desembocar en inesperadas y dolorosas sanciones por parte de la Agencia Tributaria.

    Tampoco exime de la presentación del Impuesto de Sociedades el hecho de que las rentas obtenidas no sean objeto de tributación. En este caso también sería necesario presentar la correspondiente declaración, siendo en dicha declaración en la que se informaría de que la naturaleza de sus ingresos le permitiría no pagar cantidad alguna.

    Sin embargo, existen una serie de excepciones que permiten a determinadas entidades, en ciertos casos, no presentar declaración del Impuesto de Sociedades. Este ocurriría en los siguientes casos:

    -Entidades que sean consideradas como totalmente exentas en aplicación del contenido del artículo 9.1 de la Ley del Impuesto de Sociedades.

    -Comunidades titulares de montes vecinales en mano común, pero sólo para aquellos periodos en los que no hayan tenido ingresos sometidos al Impuesto de sociedades, que no hayan tenido ningún tipo de gastos, ni hayan realizado inversiones con derecho a la reducción que se aplica específicamente a estos sujetos pasivos.

    -Entidades parciamente exentas, según aplicación del artículo 9.3 de la Ley del Impuesto de Sociedades, siempre y cuando tengan ingresos anuales totales inferiores a 100.000 euros, no tengan ingresos que correspondan a rentas no exentas sometidas a retención mayores de 2000 euros en todo el año y que no tengan rentas exentas que no hayan sido objeto de retención.
    -Partidos políticos, en lo relativo a rentas exentas.